Las empresas organizadoras están obligadas a devolver a los espectadores o asistentes el importe de sus localidades en caso de suspensión, aplazamiento o modificación sustancial del espectáculo ."Asimismo, el espectador o asistente tendrá derecho a la devolución de dichas cantidades si se produce la suspensión, una vez iniciado el espectáculo público o actividad recreativa de que se trate, por el mal funcionamiento de las instalaciones del establecimiento público". (Art. 23 del Reglamento General de la Admisión de las Personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, Decreto 10/2003 de 28 de enero).En el caso específico de los festejos taurinos, el Reglamento correspondiente establece (Art. 70.5) que "si el espectáculo se suspendiese definitivamente por el mal tiempo una vez haya salido la primera res al ruedo, el espectador no tendrá derecho a devolución alguna".En los casos en los que corresponda la devolución del importe de las localidades, las empresas disponen, para proceder a la misma, de un plazo que comenzará en el mismo momento de anunciarse la suspensión o modificación del espectáculo y finalizará cuatro días después del fijado para la celebración del mismo, o una hora antes de celebrarse si se trata de un cambio de fecha. Este plazo se ampliará automáticamente si, a su finalización, continúa habiendo afluencia ininterrumpida de espectadores que desean devolver sus entradas (Art. 23 del Reglamento de admisión de personas a los espectáculos públicos y art. 70.6 del Reglamento taurino).

Por desgracia no existe ningún organismo que pueda darle información fehaciente sobre la solvencia de una empresa. Para evitar sorpresas no utilice nunca los servicios de personas que no están legalmente dadas de alta en la actividad profesional correspondiente (fontanería, electricidad, albañilería, pintura, etc.). Acuda a empresas o profesionales de los que tenga referencias y que dispongan de un local abierto al público al que acudir en caso de reclamación. Exija en todos los casos factura detallada en la que deben constar los datos completos de la empresa (nombre, C.I.F., domicilio, etc.) y la descripción detallada del trabajo realizado con un desglose del importe de la mano de obra, materiales utilizados y posibles suplementos.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE (Real Decreto 1027/2007), que se refiere a los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y producción de agua caliente sanitaria, establece en sus artículos 26, 27 y 28 la obligatoriedad de contratar el mantenimiento de las instalaciones térmicas de los edificios con una empresa mantenedora debidamente autorizada e inscrita en el registro de Industria, la cual deberá emitir anualmente un certificado de mantenimiento, cuya validez es asimismo anual. Este certificado deberá quedar en poder del responsable o propietario de la instalación a los efectos de las inspecciones preceptivas (cada cinco años).En la Instrucción Técnica 3 (IT3) del mismo Reglamento, se reproduce el cuadro de revisiones de la instalación, la mayoría de las cuales son anuales. Por lo tanto, la respuesta más correcta a la pregunta planteada, es que el dueño de la instalación deberá contratar un servicio de mantenimiento de la misma con una empresa autorizada, la cual habrá de efectuar las revisiones (anuales o por otros periodos) que el Reglamento determina, y emitir el correspondiente certificado de validez anual.

En estos casos no queda otro remedio que acudir a la vía judicial. Cuando el importe de la cantidad reclamada no supera los 900 euros, el consumidor puede solicitar que su asunto se vea por el procedimiento de juicio oral sin necesidad de abogado ni procurador (art. 437 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil). En el documento adjunto se encuentra el impreso de solicitud y más información sobre esta vía.Igualmente, si la cantidad reclamada es superior a 900 euros, y el consumidor carece de medios económicos (es decir que todos los ingresos de su unidad familiar no sobrepasan el doble del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento), puede solicitar justicia gratuita para que se le asigne un abogado de oficio. La solicitud debe tramitarla a través del Colegio de Abogados de su provincia.

La variedad de productos ecológicos existente en Andalucía es tan extensa como rica y diversa es la propia alimentación: frutas, hortalizas, lácteos, carnes (ternera, cerdo, pollo, cordero y cabrito), pescado procedente de acuicultura, huevos, aceites, conservas, mermeladas, pan, pastelería, legumbres, frutos secos, vinos, aderezos, zumos, aromáticas, vinagres, embutidos, caviar, etc., A los cuales se añadirán próximamente productos textiles elaborados con algodón ecológico. Todos han sido producidos sin añadir productos químicos no naturales durante el proceso de producción y elaboración.Sabemos que un producto es ecológico por su etiqueta, que debe identificarlo como tal. La etiqueta contendrá obligatoriamente el código de la entidad certificadora, formada por las iniciales ES, que indica que el producto está certificado en España; las iniciales AN de Andalucía seguido de un número de 2 dígitos que identifica a la entidad certificadora, finalizando con las siglas AE en referencia a la Agricultura Ecológica: ES-AN-XX-AE.Los productos ecológicos son saludables porque el control del proceso de producción garantiza la ausencia de residuos procedentes de productos químicos de síntesis. estos productos suelen presentar diferencias en tamaño y una apariencia más natural, que demuestra una menor manipulación ambiental de la producción, manteniendo todo su sabor y propiedades nutritivas.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, Texto refundido de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, prohibe expresamente en su artículo 62.3, las cláusulas que impongan una duración excesiva en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado. No obstante las compañías telefónicas han reaccionado cambiando el concepto por el que cobran una cantidad en el caso de que el usuario solicite la baja antes de cumplirse el plazo de permanencia: dicen que ya no aplican una penalización sino que facturan el importe del terminal que en el momento de la firma del contrato regalaron al consumidor o se lo dieron a un precio promocional.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en su artículo 62, punto 3, dice expresamente: “En particular, en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado se prohiben las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato. El consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono por servicios no prestados efectivamente, la ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados”. Desde el punto de vista de la ley parece claro que no se puede imponer una penalización a los consumidores que deseen cancelar su contrato antes del plazo establecido. Ahora bien, las compañías telefónicas han ideado la siguiente argucia para seguir cobrando las penalizaciones: “¿Desea usted la baja?. Bien, no hay problema, está en su derecho y no vamos a penalizarle por ello. No obstante, como en el momento de contratar con nosotros le entregamos gratuitamente, o a precio promocional, un terminal, ahora deberá abonarnos su importe íntegro”. Curiosamente éste coincide con la cantidad (normalmente 120 euros) que antes cobraba la compañía en concepto de penalización por baja anticipada.

Si no pago un recibo de teléfono, ¿me lo pueden cortar? ¿Qué puedo hacer para volver a recuperarlo?El retraso en el pago total o parcial del recibo telefónico fijo durante un período superior a un mes puede dar lugar, previo aviso, a la suspensión temporal del servicio. No obstante, si el abonado no está de acuerdo con las cantidades facturadas por otros servicios como llamadas a Internet o 803-806-807 y decide no pagar la parte correspondiente a tales servicios, sólo dará lugar a la inhabilitación de la marcación a esos servicios concretos, pero no al corte del servicio telefónico. Para recuperar el servicio suspendido se deberá abonar la cantidad pendiente.Una vez transcurrido un mes desde el impago y previo aviso, el operador podrá suspender el servicio telefónico. A partir de ese momento el abonado sólo podrá, recibir llamadas y realizarlas sólo a los servicios de emergencias.Transcurridos dos meses desde la suspensión de la línea sin que se haya producido el pago, el operador podrá interrumpir definitivamente el servicio, por lo que si se desea rehabilitar deberá volver a darse de alta.Si antes de que se produzca la interrupción definitiva del servicio el abonado paga el importe pendiente, se le restablecerá el servicio.(Artículos 19 y 20 del Real Decreto adjunto)

Sí, puede aplicársele, dado que un animal doméstico está considerado un bien de consumo. Por tanto, se tipifica como una "falta de conformidad con el contrato" que el animal esté afectado por una tara congénita sin posibilidad de tratamiento, aunque no ponga en peligro su supervivencia.Igualmente es una "falta de conformidad con el contrato" atribuir falsamente al animal vendido unas cualidades especiales para desarrollar una determinada actividad.La misma consideración tiene la compra de un animal con pedigrí sin que éste se adapte al estándar.En el caso de una enfermedad infecto-contagiosa que pueda incluso causar la muerte del animal, dependerá del plazo de incubación de la misma la posibilidad o no de que el animal ya la padeciese, en estado latente, en el momento de la compra. Será, pues, fundamental un diagnóstico veterinario para establecer si esta posibilidad queda cubierta por la ley de garantías.