Jornada formativa para la Policía Local a la que se ha invitado a los profesionales del taxi

La teniente de alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, ha explicado que “los miembros de la Policía Local nos demandan formación en distintas materias para llevar a cabo su trabajo con mayor efectividad. Desde el Equipo de Gobierno compartimos este objetivo y se han planteado estas jornadas, que tendrán su continuidad con otras enfocadas específicamente al servicio de taxi (VT). En ambos casos están invitados los miembros del colectivo del taxi en el municipio, que hoy han asistido en gran número”.

“Hoy hemos contado -continuó- con dos ponentes de excepción: los policías locales de Málaga Fernando Arana y Manuel Escalona, quienes han ofrecido una charla muy interesante y han respondido a las preguntas de los asistentes. Nos comprometemos a seguir atendiendo la demanda de formación de los agentes, ya que redundará en un mejor servicio para los ciudadanos”, concluyó la teniente de alcalde.

Las VTC son autorizaciones para ejercer la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, y son las que emplean los chóferes y las limusinas, por ejemplo. Por ley, los vehículos VTC sólo pueden realizar un servicio con solicitud previa, no como los taxis, que pueden recoger a cualquier cliente en la calle cuando estos se lo demanden.

A principios de este mes de junio, el Tribunal Supremo avaló la proporción de 30 licencias de taxi por cada una de vehículos de alquiler con conductor (VTC), vigente desde 2015, en los casos en los que este límite sea necesario y proporcional “como forma de garantizar el equilibrio” entre estas modalidades de transporte.

En la sentencia, la sala de lo Contencioso-Administrativo apoya además la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde está domiciliada la autorización.

Con todo, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las plataformas Uber y Unauto, y anula la obligación de que estas compañías dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad, al entender que “excluiría” a los pequeños empresarios.