La Omic informa desde diciembre sobre cómo reclamar las clausulas suelos bancarias

Jiménez señaló que “desde el mes de diciembre, cuando la Junta de Andalucía puso a disposición de la ciudadanía afectada por las cláusulas suelo una herramienta para calcular el dinero que deberían recibir de sus bancos tras el último pronunciamiento del Tribunal Europeo, se viene aplicando en San Roque”.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, David Ramos, señaló que “desde que el pasado 22 de diciembre la Junta pusiera en marcha una Plataforma para calcular la reclamación a lso bancos, esta se viene utilizado desde la Oficina al Consumidor”.

Desde el mes de diciembre, cuando se conociera la sentencia del Tribunal Europeo, la Junta habilitó una herramienta para calcular lo que debe recibirse por cláusulas suelo.
Se trata de una calculadora diseñada por la Consejería de Salud que, introduciendo los datos de la hipoteca ofrece un cálculo del dinero que debería abonar el banco para restituir lo abonado a través de una cláusula que se considera abusiva.

Además de este cálculo, en la OMIC sanroqueña se le aporta a los ciudadanos lso documentos tipo que deben rellenar y entregar en su entidad bancaria para llevar a cabo la reclamación.

Desde el Ayuntamiento se recuerda a las personas consumidoras que pueden reclamar a sus bancos la eliminación de las cláusulas suelo y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.

Para informar a la ciudadanía la Junta ha activado contenido específico en la plataforma multicanal Consumo Responde (que incluye página web, el teléfono gratuito 900 21 50 80, correo electrónico y perfil en Twitter) y se trasladará toda la información a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).

Además, en la página web Consumo Responde la persona afectada por las cláusulas suelo puede descargar un modelo de reclamación tanto si no ha empezado el proceso para la eliminación de la cláusula ni la solicitud de la devolución de las cantidades indebidamente cobradas como para pedir la retroactividad de las cantidades que no hayan sido abonadas desde la firma del contrato hipotecario hasta el año 2013, además de poderlo adaptar a cada uno de los casos que pueden darse entre las personas consumidoras.