Se priorizará en los trabajos de temporada a quienes se han quedado a las puertas del plan de Inclusión Social

El primer edil ha puesto sobre la mesa que el número de desempleados inscritos en San Roque “se sitúa en 4.257 personas, más del 40% de la población activa del municipio”. Recordó que desde el inicio de su mandato se han puesto en marcha siete planes de empleo, “algunos de los cuales han sido de carácter municipal y sufragados por lo tanto con los impuestos de los sanroqueños, a pesar de que algunos partidos piensen que ésta es una competencia impropia para un ayuntamiento”.

Así, a través de los planes de trabajo de temporada de Emadesa se han suscrito durante los tres últimos años más de 130 contratos (33, 40 y 60), y se tiene la previsión de suscribir este año otros ochenta.

A ellos hay que añadir los planes de empleo que se han puesto en marcha con financiación de la Junta de Andalucía, “única administración que ha colaborado con el Ayuntamiento en esta materia”. Ruiz Boix enumeró los tres más recientes: 104 contratos del programa Emple@Joven; otros 38 para mayores de 30 años; y el de Inclusión Social, cuya lista se acaba de dar a conocer y que contempla 40 contratos en el municipio.

El alcalde admitió que todo ello “es sólo un grano de arena” ante el gran número de desempleados que tiene San Roque, y dijo que “entiendo la desazón entre las familias, algunas en el umbral de la pobreza” cuando no se ven beneficiadas por ninguno de estos planes de empleo.

En el caso concreto del plan de Inclusión Social, señaló que se presentaron más de 400 solicitudes. “Entiendo que más del 90% de los solicitantes estén desilusionados al haberse quedado fuera -dijo-. Pero tengo que poner en valor el trabajo realizado por el equipo técnico de la Delegación de Bienestar Social para baremar las solicitudes en función de los criterios que marca la Junta de Andalucía”.

En cuanto a dichos criterios, precisó que en primer lugar se ha privilegiado “que el solicitante o alguno de los miembros de su unidad familiar esté dentro de la Ley de Dependencia”; y en segundo lugar, que se tratara de una víctima de violencia de género, de lo que dijo que “todas las administraciones tenemos que cooperar para no dejar a estas mujeres desamparadas”. En cuanto al hecho de que el contar con familia numerosa se haya considerado como la tercera de prioridades en orden de importancia, señaló que “no soy yo quien redacta los decretos de la Junta de Andalucía”.

El alcalde se comprometió a “trabajar para que el próximo plan de empleo de trabajos de temporada a través de Emadesa incluya a los que se han quedado ahí”, a las puertas de entrar en el programa de Inclusión Social. De esta manera, se va a acudir a las listas del SAE para localizar a las personas desempleadas “con mayor antigüedad, con cargas familiares y sin otros recursos”.

Ruiz Boix dijo que “entiendo el debate” generado por la cuestión antes apuntada, pero recordó que “no existe ningún otro ayuntamiento en la provincia de Cádiz que, con fondos propios, haya colaborado para que las familias que peor lo están pasando puedan dar una patada al paro durante algunos meses. Ojalá tuviéramos otras circunstancias, porque la recuperación económica que algunos pregonan no se vislumbra de forma clara”.

Para el primer edil, “hay que trabajar en la búsqueda de soluciones en vez de dedicarse tanto a las críticas”, y reclamó “más colaboración al Gobierno Central. En Andalucía existe un 30% de paro, y en la provincia de Cádiz se supera el 42%. Necesitamos un plan extraordinario para salir adelante, un esfuerzo del Estado igual que el que se hace en Canarias y Extremadura. Porque los andaluces somos tan españoles como los canarios y los extremeños”.

“También le pido a la Diputación Provincial -añadió- que ponga fondos a disposición de los ayuntamientos para poner en marcha planes de empleo, utilizando su superávit presupuestario”, concluyó el alcalde.

Las novedades más importantes del Programa en 2014 son fundamentalmente que va a posibilitar el acceso a un mayor número de personas al ampliarse el límite máximo de los ingresos económicos permitidos y haberse modulado éstos en función del número de miembros de la unidad familiar; adaptarse a las nuevas realidades sociales y considerar que las parejas de hecho, no inscritas en el Registro Oficial de parejas de hecho, se consideren también unidades familiares, siempre que acrediten su convivencia.

También está la novedad de poder flexibilizar el criterio de empadronamiento en el mismo domicilio de todos los miembros, al considerar los casos de violencia de género y de andaluces retornados; y por último, el que se haya modificado el primero de los criterios de prioridad en la adjudicación de los contratos, pasando a ser que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto de sus miembros no hayan realizado actividad laboral de empleo durante, al menos, seis meses del año anterior a la fecha de solicitud. En 2013, este criterio era más restrictivo, al exigirse que ningún miembro hubiese trabajado ningún periodo de tiempo.

Además de todo lo anterior, una de las novedades también más relevantes es el incremento de la aportación económica de la Junta de Andalucía para la financiación de los contratos. Se ha pasado de 1.000 euros al mes por contrato a 1.070 euros, lo cual va a posibilitar que se puedan realizar contrataciones a jornada completa.

Esto último es de una gran relevancia, dado que las personas que tengan después periodos suficientes para ser perceptoras de prestaciones y/o subsidios por desempleo podrán percibir las cuantías completas.

Las personas solicitantes deberán estar empadronadas en el municipio donde presenten la solicitud y reunir varios requisitos, como que en el momento de la presentación de la solicitud se encuentren, en situación de demandante de empleo, inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo, y no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud.

Igualmente, que en el momento de la presentación de la solicitud pertenezcan a una unidad familiar donde concurran las siguientes circunstancias:- Que al menos un año antes de la presentación de la solicitud, todas las personas que componen la unidad familiar (solicitante, su cónyuge o pareja de hecho y los hijos de ambos, independientemente de su edad) hayan estado empadronadas como residentes en un mismo domicilio ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de las personas menores nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a esa fecha, las víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas.- Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud sea:Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades familiares de una sola persona. (3.195,06 €).Inferior a 1,3 veces el IPREM para familias de 2 personas. (4.153,56 €).Inferior a 1,5 veces el IPREM para familias de 3 personas. (4.792,56 €).Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de 4 o más personas. (5.431,62 €).Se ha de cumplir también que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante Informe Social de los Servicios Sociales Comunitarios del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.

Entre las personas que cumplan los requisitos antes detallados, el propio Decreto Ley 8/2014, establece en su artículo 9 que tendrán prioridad para la adjudicación aquéllas que pertenezcan a unidades familiares en las que concurra por orden de prelación alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto de sus miembros, no hayan realizado actividad laboral de empleo durante al menos seis meses del año anterior a la fecha de solicitud.

b) Que la persona solicitante o alguno de las que componen la unidad familiar sea víctima de violencia de género. En ningún caso la persona solicitante podrá ser el agresor y tendrá esta consideración la persona procesada y condenada por delitos que deba conocer un Juzgado de Violencia contra la Mujer.

c) Que alguno de las personas que componen la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de dependencia.

d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, al menos, un hijo o hija a cargo.

e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al menos, una persona menor de edad.

f) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la condición de familia numerosa de conformidad con la legislación vigente.

g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, al menos, dos hijos o hijas a cargo.

h) Que la persona solicitante sea residente en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

i) Que la persona solicitante sea mujer.

j) Que la persona solicitante sea mayor de cincuenta años.