Llamamiento del alcalde a que no se adquiera suelo rústico para hacer viviendas

El primer edil hizo este llamamiento durante la celebración del último pleno ordinario de la Corporación, el pasado jueves, cuando se planteó esta cuestión por la oposición en el turno de Ruegos y Preguntas. Hace unos días, la Junta de Andalucía, a través de los inspectores de Urbanismo de la Consejería de Fomento, paralizó la parcelación de un terreno de naturaleza rústica en El Albarracín, concretamente en la zona de Albalate, dividido en 87 fincas destinadas a la construcción de viviendas ilegales.

Explicó el alcalde que la diferencia de precio entre un terreno rústico y otro urbanizable se explica precisamente en que el último cuenta ya con servicios, como viales con la anchura adecuada para el paso de vehículos de emergencias, acerado, alumbrado público, redes de pluviales y saneamiento... Asimismo, se reservan terrenos para equipamientos futuros, como colegios o zonas deportivas.
Recalcó, que desde el Ayuntamiento nunca se van a conceder licencias para construir en suelo rústico, ya que supondría una manifiesta ilegalidad.
Ruiz Boix señaló que, en el caso de El Albarracín, hay propietarios que están por la labor de cumplir con las exigencias legales para conseguir la regularización, mientras que otros no hacen nada al respecto. Además, emplazó a todos los grupos políticos a que se abstengan de respaldar en los próximos meses de campaña electoral a los propietarios afectados por esta operación de la Junta de Andalucía, ya que supondría apoyar algo ilegal.
Según ha explicado la Junta de Andalucía en una nota, de las actas de inspección y los informes técnicos, se desprende el carácter urbanístico de la parcelación ilegal, con viario interior de acceso general a todos los lotes en el interior de la parcelación, con ramales menores de acceso a cada uno de los lotes, redes de infraestructuras, vallados perimetrales, ejecución de edificaciones de obra y prefabricadas que presentan un uso recreativo y residencial, así como multitud de elementos auxiliares: pérgolas, parasoles, caravanas, casetas, contenedores y piscinas. Previamente, los promotores habrían procedido a la eliminación de la capa vegetal preexistente.
Este operativo ha afectado a casi un centenar de propietarios, lo que requirió que los inspectores dividieran en dos días los trabajos de precinto para poder informar a título individual a cada uno de los interesados del procedimiento.
Asimismo, se comunicó a todos los presentes que la rotura del precinto puede acarrear no solo una sanción administrativa, sino que también puede conllevar consecuencias penales, ya que podría incurrirse en delito de desobediencia en concurso con los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.