La Mancomunidad aprueba pedir a la Junta la retirada de un canon de Arcgisa

Tras la sesión plenaria, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha señalado que el gobierno de Moreno Bonilla se va a llevar este año de cada uno de los ciudadanos 80 euros en el recibo del agua y criticó el afán recaudatorio de la Junta de Andalucía con un canon desorbitado, de más del 230 %, y que no se aplica en otros lugares de la cuenca mediterránea, como el caso de la Costa del Sol, donde este canon no repercute tanto en los vecinos.

Pese a que el punto único en el orden del día de esta sesión extraordinaria fue aprobado por unanimidad, la sesión no estuvo exenta de discusión por parte de los diferentes grupos políticos.

En concreto, el PSOE, proponente de la moción, criticó a la presidencia de la Mancomunidad, el que pese a que desde la Mancomunidad y Arcgisa se conociera la aplicación de este canon desde hace un año, no se hubiera convocado a los alcaldes, y ni siquiera un consejo de Administración extraordinario de la empresa de aguas para abordar este asunto con transparencia.

Por su parte, desde algunos grupos de la oposición, criticaron a los proponentes de la moción la falta de diálogo y coherencia, anunciaron que se habían presentado alegaciones que han sido rechazadas y que se iban a realizar gestiones a nivel político con la Junta pero coincidieron todos en calificar de abusiva y discriminatoria la aplicación de este canon.

La moción presentada por el Grupo Socialista instando a la Junta de Andalucía a reducir el canon de regulación para la compra de agua y a que no se aplique la tarifa de utilización a ARCGISA señalaba que la Junta de Andalucı́a lo único que está demostrando es un afán recaudatorio desmedido sobre un bien esencial como es el agua.

En concreto, el incremento representa un aumento del 121,99 % en los costes operativos derivados exclusivamente del canon de regulación, que de seguro se verá repercutido en los bolsillos de los ciudadanos.

Al “canon desmedido y vergonzante” hay que sumar una tarifa por utilización del agua, lo que en conjunto ha generado un desequilibrio económico en la empresa instrumental de la Mancomunidad de 2,3 millones de euros, coste que repercutirá en los vecinos.