El TSJA da la razón al Ayuntamiento y zanja el contencioso abierto por un policía local

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha dado a conocer hoy, viernes, esta última sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA. El primer edil estaba acompañado por la teniente de alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, y por el también teniente de alcalde Juan Manuel Ordóñez, delegado de dicho departamento en el anterior mandato.

Hay que recordar que el agente M.A.V.R. recurrió a finales de 2013 los cambios en la estructura de los servicios de Seguridad Ciudadana, donde destacaba la modificación de los turnos de trabajo de los policías. Entre otras cuestiones, el policía aducía la supuesta vulneración del derecho de libertad sindical y una discriminación en la selección de destino.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Algeciras desestimó su demanda en primera instancia; el agente recurrió al TSJA, que en mayo de 2015 refrendó la decisión del juzgado algecireño, aunque le permitió presentar nuevo recurso. En esta ocasión, una sentencia de la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJA fechada el pasado 30 de enero vuelve a desestimar el caso, aunque también indica “que no cabe recurso” a esta decisión.

El alcalde indicó que “esta resolución judicial vuelve a respaldar las decisiones de este Gobierno Municipal. En este caso concreto, las tomadas por el delegado de Seguridad Ciudadana en el mandato anterior, quien en todo momento trató de prestar el mejor servicio a los ciudadanos, conjugándolo con el respeto al trabajo de todos los agentes”.

“Entonces -resumió Ruiz Boix- se tomaron decisiones para redistribuir los recursos humanos, concretamente los grupos de trabajo. Un agente trató de motivar argumentos contra esa decisión y planteó un recurso, que fue rechazado por el Ayuntamiento, por lo que apeló a los trbunales. Su denuncia fue tumbada en primera instancia y, por ello, recurrió en dos ocasiones a una instancia superior, el TSJA. En definitiva, el policía nos acusaba de vulnerar sus derechos constitucionales y, a través de la prensa, se trató de manchar la imagen de este gobierno”.

“Siempre -manifestó- el Ayuntamiento defendió que sus decisiones se ajustaban a derecho. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos da la razón al decir que la demanda no puede prosperar. Aunque el demandante hace una especie de batiburrillo de distintas cuestiones, el TSJA considera que no hay vulneración de sus derechos constitucionales y sindicales, que no hay una imposición de sanción y que la asignación de los grupos de trabajo tampoco vulnera sus derechos”.

“Concluye la sentencia -recalcó el primer edil- que la organización de los servicios de la Policía Local corresponde al Ayuntamiento, al Gobierno Municipal y al alcalde como jefe máximo de dicho cuerpo. O sea, que tenemos la potestad de organizar los servicios municipales de la manera más útil para los ciudadanos, siempre que se haga conforme a Ley”.

“Esta sentencia -subrayó- llega en un momento muy adecuado. Porque recientemente, ya con Mercedes Serrano como responsable de Seguridad Ciudadana, se ha decidido una nueva redistribución de los recursos humanos, y nos encontramos con el mismo debate. Ahora resulta que Mercedes es todavía más mala que Juan Manuel Ordóñez. Es como si el único reto al que se enfrenta este Equipo de Gobierno en el día a dia fuera el de atacar a los miembros de la Policía Local”.

“Lo que ocurre -insistió- es que queremos prestar el mejor servicio a los ciudadanos. Cualquier decisión se consulta, se habla con las secciones sindicales y con los representantes de los trabajadores. Pero decidimos nosotros, los miembros de este Gobierno Municipal. Y esas decisiones siempre se toman conforme a la normativa”.

“En los últimos meses -manifestó Ruiz Boix- estamos inmersos en una nueva cacería política, pero deben de saber quienes la instigan que no sólo tienen el rechazo de este alcalde y del Gobierno Municipal, sino también de los ciudadanos. Unos ciudadanos que están cansados de ver que un grupo de personas, que ni siquiera son la mayoría de la plantilla de la Policía Local, provoca enfrentamientos continuos con la dirección del Ayuntamiento”.

“En el ámbito privado -recordó-, cuando se trata del empleo prevalecen los intereses de las empresas. Y en el ámbito público, los que prevalecen son los intereses de los ciudadanos. Cuando se nos hacen peticiones conforme a derecho, éstas se atienden. Pero vamos a tratar de eliminar las que tratan de mantener en el tiempo privilegios de épocas pasadas o las que son actitudes caprichosas. Nuestras decisiones -añadió el regidor sanroqueño- no se toman a dedo. Se acompañan de informes técnicos y se basan en la legislación vigente”.

“Felicito a Juan Manuel Ordóñez -indicó- porque sus decisiones de entonces han sido de nuevo refrendadas por la Justicia, aunque el fallo llega tarde y estas denuncias mancharon su gestión”.

“También quiero enviar -recalcó Ruiz Boix- un mensaje de apoyo y respaldo al Jefe de la Policía Local (Fermín Aguilera), que últimamente también está siendo puesto en el punto de mira. Se le critica por haber trabajado con la delegada de Seguridad Ciudadana en la toma de decisiones, aportando en cada caso informes conformes a ley”.

“En cuanto a Mercedes Serrano -apuntó el alcalde-, que hoy en día está en el blanco de la diana, cuenta con todo el respaldo del Gobierno Municipal, del PSOE como organización por la que nos presentamos a las elecciones, y de este alcalde”.

“La Justicia -concluyó el primer edil- nos da la razón. Espero que estas denuncias, que son prácticamente amenazas, sean también objeto de contencioso, porque cada vez que recurren a los tribunales pierden los casos, y se respalda la gestión de este Gobierno Municipal”.

En esta última sentencia se señala, entre otros términos, que “debe prevalecer la valoración probatoria del juzgador a quo, que rechaza por indemostradas las alegaciones sobre desviación de poder, perjuicio económico y trato discriminatorio, al no probar cumplidamente el apelante, quien se limita a ofrecer su particular visión de los hechos, que la sentencia contenga errores graves e irracionales que la invaliden”.

Así, cuando el agente denunciaba los reajustes de los grupos de seguridad ciudadana, el TSJA señala que se trata de una “potestad autoorganizativa legalmente conferida al Ayuntamiento” que “en modo alguno vulneró el derecho de libertad sindical al no constituir esa reestructruación del servicio materia a negociar con los representantes de los funcionarios, pues no afectaba a las condiciones de trabajo fijadas en la ficha del puesto de trabajo de los funcionarios afectados”.

Además, señala que “el controvertido cambio de grupo difícilmente envolvía un velado castigo al hoy apelante cuando tras la decisión de readscripción se han mantenido incólumes sus derechos y obligaciones profesionales”.

Finalmente, “las dudas sobre legalidad en torno al criterio de antigüedad para igualar grupos (…) fueron disipadas por el informe de fecha 8 de enero de 2014 de la Sra. Secretario General”. Por todo ello, señala la sentencia, “lo expuesto lleva a desestimar el recurso de apelación”.