El delegado de Gobernación conoce las demandas de San Roque con la Junta

     La reunión se ha centrado, por un lado, en la situación de las viviendas que construye el Ayuntamiento, y por otro en demandas hacia la Junta como el edificio del Diego Salinas propiedad de la Junta, las guarderías o el Centro de Salud de San Enrique.        El alcalde desgranó los asuntos que se han abordado en la reunión de trabajo mantenida, comenzando por la situación de las 6 guarderías públicas existentes en el municipio, una de la Junta y las otras 5 del Ayuntamiento, concertadas cinco con la red Mejorana y una con una asociación sanroqueña, que albergan a más de 200 pequeños de entre 0 y 3 años de San Roque.    El alcalde señaló que “pese a la alarma de este verano de muchas familias, desde el pasado lunes se ha incorporado a este servicio con normalidad los niños a los 6 centros infantiles, gracias al esfuerzo de la Junta, que agradecemos públicamente”.    Una segunda cuestión planteada eran la situación de las promociones de viviendas protegidas que  ejecuta el Ayuntamiento y que se encuentran en una situación difícil y a punto de finalizar.    Se trata de las 152 viviendas que el Ayuntamiento, a través de Emroque, construye en Huerta Varela en régimen de propiedad, de las que están vendidas 104 viviendas, por lo quedan sin vender  48.     El alcalde señaló que “para nosotros supone un riesgo el concluir la inversión y las obras y que este medio centenar de viviendas estén sin adjudicar, por lo que estamos negociando con la Junta el poder cambiar el régimen de propiedad a alquiler para estas viviendas “.    Explicó el primer edil que se trata de poder darle uso a las viviendas en estos primeros años con la esperanza de que cambie la economía y se solventen las dificultades que en la actualidad tiene los vecinos para acceder a las hipotecas.    Por otro lado, se abordó que las 51 viviendas de régimen de alquiler están a punto de finalizarse. El alcalde recordó que las adjudicaciones se realizarán en base al Registro Municipal de Demandantes de viviendas, por lo que recomendó a sus integrantes que actualicen los datos existentes en el mismo, ya que la adjudicación se realizará en breve.    Otra de las cuestiones abordadas es la situación del edificio del Diego Salinas destinado a Palacio de Justicia, propiedad de la Junta desde 2003 y en el que aún no se han ejecutado ninguna obra debido a la mala situación económica.    El alcalde desveló que, dados los problemas de financiación de la Junta, que está recortando sus inversiones, se ha propuesto a la Junta la recuperación de ese edificio, para que pase de nuevo a manos municipales y poder dotarlo de contenido municipal.    Ruiz Boix confía en que, dada las dificultades económicas de la Junta y que la realidad no apunta a una inminente construcción del Palacio de Justicia, se abran en breve negociaciones para que el edificio revierta al Ayuntamiento.    El alcalde apuntó que en último lugar se abordó el asunto prioritario para el Gobierno municipal: la puesta en marcha del Centro de Salud de San Enrique, que la pasada semana fuera visitado por el delegado provincial de Salud, Angel Acuña.    Recordó que además de la solución del  problema de suministro eléctrico, en vías de solución por parte de Endesa, queda el equipamiento del Centro, responsabilidad de la Junta.    Por su parte, el  delegado de Gobernación de la Junta en Cádiz,  Fernando López Gil, ha confiado en que “en los próximos meses podamos traer algunas soluciones a los problemas planteados, y aunque nos son fáciles, sí hay voluntad por ambas partes”.    En concreto López señaló que “se ha abordado la situación del edificio que iba a albergar el Palacio de Justicia”, reconociendo que “por las dificultades económicas por las que pasan las administraciones es difícil que ese Palacio de Justicia sea una realidad pronto”    Agradeció el delegado al alcalde “que además de plantear el problema, nos ponga sobre la mesa alternativas, y confiamos en poder encontrar la solución para que el edificio se pueda rehabilitar y darle un uso para los ciudadanos”.    Desveló López que “en la Junta plantemos internamente alguna solución y también somos conscientes del impacto tan negativo que tiene actualmente el edificio en una zona tan céntrica y la utilización que puede tener un edificio tan grande”.    Apeló a la “lealtad y coordinación institucional para poder conseguir que pese a las dificultades, podamos solventar los problemas”.