El convenio con Diputación será denunciado y se recuperará la gestión de los impuestos municipales

El primer edil ha hecho estas declaraciones junto al concejal de Hacienda, Jesús Mayoral, en una rueda de prensa en la que señaló que el Servicio Provincial de Recaudación obtiene cada año en San Roque un beneficio de alrededor de medio millón de euros. “Entendemos -subrayó- que una administración como la Diputación de Cádiz no tiene que tener entre sus objetivos el obtener beneficios por prestar un servicio a un ayuntamiento que entra en su ámbito de actuación”.Ruiz Boix recordó el encuentro que mantuvo el pasado 4 de marzo con el vicepresidente delegado de Hacienda de la Diputación de Cádiz, Juan Antonio Liaño, una reunión que terminó “abruptamente” cuando el diputado provincial condicionó la entrega al Ayuntamiento de San Roque del importe de la liquidación de los impuestos municipales de 2012 (que el alcalde cifra en un millón de euros) “en función de la renegociación del convenio”. Para el primer edil, la postura de Liaño fue “un chantaje”. Ese mismo día y durante las jornadas siguientes, se ha intentado repetidamente desde el Ayuntamiento contactar con el presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, “para trasladarle los motivos del desencuentro con Liaño y pedir su intermediación. Han sido diez días de llamadas cada día al Gabinete de la Presidencia de la Diputación” sin que se lograra en ningún momento que Loaiza aceptara hablar con el alcalde o citarle para una reunión. Explicó el regidor sanroqueño que el convenio sobre la recaudación de los impuestos municipales “se firmó inicialmente a principios de 2012, y sufrió cuatro modificaciones distintas provocadas por exigencias de la Diputación Provincial, a las que el Ayuntamiento no puso ningún reparo”, de manera que el convenio se firmó definitivamente en julio de 2012. Aunque tiene una vigencia de cuatro años, puede romperse antes por una de las partes si ésta denuncia el convenio antes del 30 de junio del año anterior a la ruptura. Para cumplir con estos plazos se llevará dicha denuncia al Orden del Día del Pleno Ordinario de marzo, y previamente pasará por la Comisión Informativa de Hacienda que tendrá lugar el próximo martes 19. “En 2014 -anunció Ruiz Boix- el Ayuntamiento se hará cargos con medios propios de los padrones y de la recaudación de los impuestos municipales”. Para el alcalde, la postura sanroqueña contrasta con la ruptura del convenio que tenían Diputación y Ayuntamiento de Jerez para la prestación de este mismo servicio. “Fue abrupta y generó beneficios importantes para el Consistorio jerezano, que pudo contar con dinero de manera anticipada. Además, la Diputación le permite devolver el importe en un plazo de diez años, así como mantener la colaboración entre ambas administraciones en otras cuestiones. Esperamos que con nosotros sean iguales”. “Creemos en lo público y entendemos que se venía prestando un servicio adecuado -admitió-. El problema es el coste, que consideramos excesivo. Propusimos entonces unos cambios que no han sido siquiera valorados por la Diputación de Cadiz. Y creemos que estamos sufriendo una discriminación porque este gobierno municipal está encabezado por un alcalde socialista”. Aunque desde San Roque se paga un millón de euros anuales por la gestión de los impuestos municipales, el Servicio Provincial de Recaudación tiene unos costes que se estiman en tan solo medio millón de euros: 320.000 por el sueldo de funcionarios y el alquiler del local; y 180.000 euros restantes que son una estimación, correspondiente a gastos financieros por los anticipos mensuales que recibe el Consistorio y los relativos a la estructura de dirección del servicio. En su propuesta de revisión de convenio, aprobada en el Pleno Ordinario del pasado mes de febrero, el Equipo de Gobierno proponía recuperar para el Ayuntamiento la gestión y recaudación de los padrones del IBI de las grandes industrias y del Impuesto de Actividades Económicas. Esto supondría un ahorro para el Consistorio de unos 460.000 euros al año. Para el concejal de Hacienda, Jesús Mayoral, “no estamos pidiendo nada extraño, sino equipararnos con el resto de los ayuntamientos de nuestro tamaño. Estamos legitimados para abaratar nuestros costes. Si no hay ningún acercamiento, estoy con la postura de denunciar el convenio antes del 30 de junio”. Explicó que, cuando se negoció el convenio vigente, “no quise que nos atáramos totalmente por cuatro años, y aposté porque se incluyeran las cláusulas de revisión, que ejerceremos si no tenemos más remedio”. También criticó que “desde la Diputación se están haciendo préstamos a ayuntamientos que no han hecho sus deberes y a tres años sin intereses. Me fastidia que se penalice a ayuntamientos como el de San Roque, que lo está haciendo bien, y se premie a los ayuntamientos que lo hacen mal. Se otorgan préstamos de 36 millones de euros a tres años, un dinero que se saca de otros ayuntamientos”, finalizó.