El Ayuntamiento impulsa medidas para que la inspección técnica de edificios sea asequible a todos los ciudadanos

En la jornada de hoy, jueves, se ha mantenido en la Casa Consistorial una reunión con directivos del Colegio Oficial de Arquitectos y del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Provincia de Cádiz. En ese encuentro se han puesto las bases para la redacción del citado convenio, en el que se establecerán recomendaciones sobre tarifas asequibles por la realización de los informes técnicos (que en primera instancia son obligatorios para todos los edificios construidos hace cien o más años). Asimismo, el Equipo de Gobierno va a proponer a Pleno la aprobación de una exención para que los proyectos derivados de los citados informes estén libres de los impuestos municipales de construcciones. Desde el Consistorio se recuerda que la inspección técnica de edificios no es una medida tomada unilateralmente por el Ayuntamiento de San Roque, sino que se trata de una obligación legal que se está poniendo en marcha en todos los municipios españoles. Su objetivo es velar por la seguridad de los ciudadanos, ya que se ha detectado en todo el país un importante número de edificios con problemas estructurales y de construcción, lo que supone un evidente riesgo. Se trata, pues, de detectar estos problemas y, en segundo lugar, de ejecutar las obras de ser necesarias. La Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios, que fue aprobada en Pleno el pasado verano, fija una serie de requisitos para conocer el estado real de conservación de estos inmuebles y para acometer, en el menor plazo de tiempo posible, las obras pertinentes en caso de ser necesarias. Esta ordenanza tiene por objeto la regulación en el municipio de San Roque de la forma, condiciones y plazos en la que los propietarios de edificaciones deben realizar una inspección de las mismas dirigida a determinar su estado de conservación, afectando a todos aquellos inmuebles que cuenten con una determinada antigüedad. Las inspecciones, que deberán ser realizadas por técnicos competentes contratados por los interesados, deben culminar con la obtención de un informe que refleje el estado de los inmuebles y proponer, en su caso, las obras necesarias para mantener las condiciones mínimas de estabilidad, seguridad, estanqueidad, consolidación estructural, habitabilidad, uso efectivo y ornato público, según el destino propio de la construcción o edificación de que se trate. El informe deberá renovarse periódicamente cada 10 años.