El alcalde rechaza “las amenazas” de sanciones hechas por el subdelegado Agustín Muñoz

En dicho comunicado, el subdelegado Agustín Muñoz indicaba que los dragados que ha realizado el Ayuntamiento deben contar con autorización previa de la Junta de Andalucía o una declaración ambiental integrada, así como la correspondiente a la condición demanial del estuario. En caso contrario, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz advierte de que el Consistorio puede haber incurrido en infracción administrativa grave por la extracción no autorizada de áridos, sancionable con una multa de hasta 300.000 euros.

“Es lamentable -consideró Ruiz Boix- que esa administración vuelva a hacer uso de las amenazas sobre posibles actuaciones que pueda realizar el Ayuntamiento de San Roque para tratar de preservar el medio ambiente. Principalmente para evitar la muerte de centenares de peces debido a ese taponamiento, que lleva ya casi dos meses. Ha habido alguna intervención que hay que agradecer por parte de ecologistas, que hacen una labor más que simbólica. Con medios rudimentarios abren la bocana, pero a los pocos días se vuelve a taponar, como la semana pasada que trabajaron el sábado y el martes se había cerrado”.

“La Administración Central del Estado -añadió el primer edil-, el Ministerio de Medio Ambiente y, concretamente, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz hacen sólo una cosa: advertir, amenazar, amedrentar... con que nos van a abrir expediente disciplinario si actuamos en el río”.

Recordó que en septiembre se mantuvo en el Ayuntamiento “una reunión en la que tratamos de conciliar posiciones para que las administraciones, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, no se pasen la pelota de una a otra”. En su opinión, “las obras de interés general en el límite costero corresponden al Gobierno de España. Y pido una actuación urgente”.

El alcalde considera que, a la hora de quitar la arena de la desembocadura “no requerimos autorización, porque si actúa el Ayuntamiento lo hará por cuestiones de urgencia (ante el riesgo de muerte de los peces). En cualquier caso, en estos dos meses de taponamiento hemos vuelto a requerir a la administración pertinente, el Ministerio de Medio Ambiente, que actúe y libere en su totalidad el taponamiento. Espero para este asunto una inversión como la que hace el Estado en otros municipios donde no hay castigo por su alcalde socialista”.

“Han sido muchas fotografías -recordó- en el río Guadiaro con motivo de la visita de Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, así como del anterior subdelegado en Cádiz, Javier de Torre, y también del actual, Agustín Muñoz. Y siempre han estado acompañados por dirigentes del PP de San Roque, a los que les pido que defiendan los intereses del municipio y reclamen la apertura de la bocana al Gobierno Central”.

“Este alcalde -añadió- ya ha puesto en manos de la Justicia la inactividad del Gobierno de España en este asunto. De esta manera, si se produce un delito medioambiental, que paguen los culpables que están permitiendo con su dejadez un incidente de estas características en el río Guadiaro”, concluyó Ruiz Boix.

A principios de mes, el alcalde presentó una denuncia ante el Juzgado Número 2 de San Roque contra Antonio Sanz, Agustín Muñoz y el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico por presuntos “delitos de prevaricación, contra los recursos naturales y el Medio Ambiente y contra la protección de la flora y la fauna” por no ordenar la apertura de la bocana del río Guadiaro a pesar de que se les había comunicado que estaban comenzando a morir peces por asfixia.