El alcalde explica el proceso de recuperación de los servicios de aguas y basuras

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y Juan Manuel Ordóñez, primer teniente de alcalde, han explicado algunos detalles del proceso. Hay que recordar que Ordóñez ha sido el responsable de la comisión que, tras solicitar a Arcgisa y a Mancomunidad los datos pertinentes, ha realizado un estudio para dilucidar los costes reales y la calidad de la prestación de dichos servicios. Esta comisión se aprobó en el Pleno Ordinario de julio de 2015. En cuanto a la aprobación provisional del jueves, la propuesta contó con los votos a favor de PSOE y PA, el voto negativo del PP y la abstención de San Roque Sí Se Puede.

“En septiembre de 2015 -explicó el alcalde-, con la participación de diversos técnicos del Ayuntamiento, se constituyó una comisión para valorar cuál era la fórmula más barata, de mayor calidad y manteniendo el empleo público de los servicios conocidos popularmente como recogida de basuras y agua en baja o domiciliaria”.

“El trabajo se ha hecho de forma tranquila -manifestó- y después de año y medio vamos a seguir avanzando en ese sentido. En el último pleno se llevaron cuatro puntos relacionados con este asunto. Tres de ellos, para aprobar provisionalmente las ordenanzas y las tasas. En este sentido, debo recalcar que para 2017 se propone contar con los mismos precios que tenemos con la empresa Arcgisa en estos momentos”.

Indicó que “la motivación principal (para mantener los precios este año) es la de contar con todos los datos de forma interna para que no haya sorpresas antes de tomar la decisión de imponer nuevos precios de cara a próximos años. Eso sí, estoy seguro de que seremos capaces de prestar esos servicios de forma más barata, lo que era uno de los retos de este Gobierno al empezar el mandato”.

“En realidad -precisó el alcalde-, los retos son tres. El primero, prestar los servicios con mayor calidad, porque tenemos quejas de los vecinos. En cuanto a la recogida de basuras, de contar con una flota de vehículos adecuada. Y en cuanto al agua en baja, se han detectado pérdidas y una gestión deficitaria de la depuradora que hacen necesario que el Ayuntamiento también tome cartas en el asunto”.

“El segundo reto -añadió- es mandar un mensaje de tranquilidad a todos los empleados que se encargan hoy en día de estos servicios. No es intención de este Gobierno la privatización, sino que estamos estudiando la fórmula pública más adecuada para los ciudadanos de San Roque. Dentro de la misma, contemplamos dos vías: bien desde el propio Ayuntamiento o bien desde la empresa pública Emadesa. Estamos perfilando el estudio de cómo afectaría la imposición del IVA. Será fundamental para decidir cómo vamos a prestar estos servicios finalmente”.

“En tercer lugar -dijo Ruiz Boix- está el compromiso original, el que nos hace movernos en esta difícil tarea de sumar nuevas competencias a las numerosas que ya tiene el Ayuntamiento de San Roque, y no nos olvidemos que se trata de incrementar una cifra de negocio de más de cinco millones de euros. El reto, por lo tanto, es prestar estos servicios de una forma más barata, que la repercusión en las casas de los vecinos sea menor”.

“Hay quejas -apuntó- de que el recibo de agua, acompañado del de las basuras, es muy elevado. Tenemos el reto de bajarlos sensiblemente. Pero no vamos a engañar a nadie. No estamos hablando de rebajar el precio a la mitad, pero sí en un porcentaje que responda a la demanda de los vecinos, a la sensibilidad que tenemos que tener en estos tiempos difíciles”.

“Al mismo tiempo -recalcó el alcalde-, en el mismo momento en que sean competencia del Ayuntamiento de San Roque, estudiaremos la fórmula para que las familias con menos recursos cuenten con las bonificaciones adecuadas para que unos servicios tan esenciales como el agua no les supongan un escollo económico difícil de superar”.

“El otro punto que hemos llevado a Pleno -precisó el regidor sanroqueño- es publicar los distintos informes que se han realizado por la comisión de estudios durante este año y medio. Estarán durante un mes en exposición pública para recoger las posibles reclamaciones o sugerencias de los ciudadanos o de los afectados por esta decisión”, finalizó.