Concentración en defensa de la labor de Bienestar Social

En la concentración, efectuada tras un cartel naranja con la inscripción del lema de la campaña, “Hasta aquí.”, han estado presentes varios ediles, entre los que destaca la edil de Bienestar Social, Ana María Rojas, y la de Igualdad, Mercedes Sánchez. Los trabajadores sociales han leído un manifiesto, en el que se insta al Gobierno a recapacitar y no aprobar, en el Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que lleva meses perfilando. Los trabajadores sociales consideran que la oposición a la reforma de la Administración Local planteada por el Ejecutivo es ya un clamor popular que debe hacerle reflexionar. El propio Consejo de Estado ya ha advertido de que el anteproyecto puede ser inconstitucional. Se alerta que la reforma contribuirá a su desaparición, poniendo en grave peligro la subsistencia de millones de familias, empujándolas a la exclusión y socavando sus derechos fundamentales. Por todo ello, hoy se ha iniciado la campaña “Hasta Aquí”, en que simbólicamente se marcan las líneas naranjas que no se puede permitir que traspasen los recortes y cambios legislativos. En este sentido, desde el Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, se ha defendido en numerosas ocasiones la labor que se desempeña en Bienestar Social de atención a los más desfavorecidas, y de hecho Juan Carlos Ruiz Boix ha recordado que el presupuesto municipal para este departamento se ha aumentado para atender a un mayor número de personas que necesitaban atención. En el mismo sentido se manifestó la edil responsable de Bienestar Social, Ana María Rojas, que señaló que “el retroceso experimentado en los últimos meses ha sido ya significativo, y retroceder más, nos llevará a un problema de vulneración de los derechos humanos”. La edil de Igualdad, Mercedes Sánchez, también defendió la labor cercana del departamento de Bienestar Social y alertó de que su desaparición sería un grave error con nefastas consecuencias para los más desfavorecidos. En el manifiesto leído por los trabajadores de Bienestar Social, se advierte que el anteproyecto supone una recentralización de las competencias, ya que muchas de las que estaban en manos del nivel local más cercano se transfieren al nivel autonómico, rompiendo así con las tendencias europeas que propugnan servicios sociales de proximidad locales. Además, teniendo en cuenta el objetivo de déficit por el que pasan las autonomías, es de suponer que dejar en sus manos las competencias de los servicios sociales supondrá un recorte de las prestaciones que ofrecen, si no su desaparición. La reforma desborda el modelo de servicios sociales, que tanto ha costado construir durante los últimos 40 años. Renunciar a este modelo supone renunciar a los derechos sociales y volver a la beneficencia y la caridad. La concepción economicista del anteproyecto aleja a los servicios sociales de las concepciones garantistas del estado del bienestar que se habían conseguido alcanzar en España y regresan a formas benéficas y asistencialistas, como se refleja en la misma terminología utilizada: el primer borrador se refería a “asistencia social” y el último a “necesidad y exclusión social”, sin tener en cuenta la prevención o la promoción ni referirse en ningún momento a los derechos de ciudadanía. Este anteproyecto puede también entrar en contradicción con los derechos subjetivos reconocidos en las leyes de servicios sociales y otras leyes, algunas orgánicas, que regulan derechos en esta materia, como protección integral, violencia de género, responsabilidad penal de los menores, etc, si los planes de reducción de costes o de ajuste no permiten disponer de los recursos siguientes para garantizarlos. De la exposición de motivos parece deducirse una prioridad por iniciativa privada, cuando señala de forma clara, como uno de los objetivos del anteproyecto, “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, para ello, reitera y añade más adelante que para ello “se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica”. Este modelo de servicios sociales que, con las peculiaridades autonómicas, tiene un fondo común, es fruto de un consenso social, profesional y político construido durante la etapa de la democracia; es posible que deba modificarse para que pueda adaptase a los nuevos tiempos, pero manteniendo unas líneas rojas infranqueables, que deberían ser la dignidad de la persona y el respeto a los Derechos Humanos. El CGTS remarca varias incongruencias en los mensajes que da el Gobierno, como cuando utiliza las intervenciones administrativas desproporcionadas como argumento para la privatización de los servicios sociales, ¿acaso no es una forma de intervencionismo brutal toda la reforma de la ley, que quiere obligar a las autonomías y a los ayuntamientos a ejecutar esos cambios y a poner unos costes a todo? Por otro lado, en un marco de aumento del desempleo, en el que hay una preocupación importante por incentivar el empleo, el Gobierno da un mal ejemplo explicando que va a ahorrar desmontando servicios y despidiendo a trabajadores.