Ilustre Ayuntamiento
de San Roque
Balance del alcalde del Pleno Ordinario del mes de febrero
Miércoles, 26 Febrero 2014
El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha hecho un balance de cómo ha transcurrido el Pleno Ordinario de febrero al término de la sesión. El primer edil se ha referido a dos cuestiones: primero, se ha felicitado por el apoyo recibido a la propuesta de denominar Calle Concejal Pepe Sánchez a una vía de La Torrecilla; y, en segundo lugar, ha lamentado que no se haya logrado la mayoría absoluta precisa para que el Ayuntamiento de San Roque se sume a la petición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Administración Local aprobada en diciembre.
En cuanto a la calle, el primer edil señaló que “ha sido un justo reconocimiento a un antiguo concejal socialista del Valle del Guadiaro querido en todo el municipio. Hubo un pequeño debate sobre la ubicación de la calle, pero en la sesión se ha recordado que ha sido una petición de unos vecinos de La Torrecilla que querían agradecer así a la persona que les facilitó tanto la tarea de autoconstrucción de sus viviendas”. Este asunto se aprobó con los votos de toda la Corporación excepto la abstención del PP.
Respecto al otro asunto, recalcó que “desde los Ayuntamientos se pedía una Ley de Financiación de las Corporaciones Locales”, en lugar de un texto legal que, en su opinión, facilita que los municipios dejen de prestar una serie de servicios que ahora ofrecen a los ciudadanos.
En cualquier caso, Ruiz Boix indicó que en el Ayuntamiento de San Roque “se va a hacer todo lo posible para que los efectos de la ley no se noten en el municipio”, manteniendo en marcha el mismo nivel de servicios sociales así como políticas de empleo y la Universidad Popular.
Votaron a favor PSOE, PA y USR (diez votos), y votaron en contra PP y PIVG (ocho votos).
Se pretendía que el Ayuntamiento de San Roque se sumara a un conflicto en defensa de la autonomía local impulsado por numerosos consistorios españoles. El objetivo último es conseguir la impugnación y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Local, aprobada a finales de diciembre. Están de acuerdo todos los grupos representados en las Cortes, excepto PP y PNV.
El conflicto en defensa de la autonomía local está recogido en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se trata de pedir la impugnación de una Ley cuando se considera que invade competencias de ayuntamientos, diputaciones o cabildos. Para ser aceptada se exige que se sumen a ella una séptima parte de los municipios de todo el territorio nacional.
En el caso de conseguirse ese porcentaje de ayuntamientos, el Consejo de Estado debe elaborar un dictamen sobre la impugnación solicitada. A continuación, los ayuntamientos podrán plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, iniciándose así un trámite que puede acabar con la impugnación de la Ley y, ya a más largo plazo, su declaración de inconstitucionalidad.
