Reunión con los 60 desempleados del plan municipal contra la exclusión contratados por 3 meses

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha dirigido a ellos para darles la bienvenida y explicarles a grandes rasgos en qué consistirá su labor. Además del primer edil, participaron en la reunión varios miembros del Equipo de Gobierno: Ana María Rojas (Bienestar Social), Mercedes Sánchez (Empleo), y Pilar Nuñez (Bibliotecas).

El alcalde explicó que “estamos iniciando este plan de ayuda a la contratación con fondos exclusivamente municipales, en este caso a través de la empresa municipal Emadesa, que complementa al puesto en marcha la Junta de Andalucía, para que familias sin recursos puedan contar con una solución temporal, hasta un máximo de tres meses. Va a favorecer a 60 sanroqueños de esa larga lista que tenemos de desempleados”.

“Sabemos -admitió el alcalde- que esto no es más que un grano de arena en el desierto que suponen los más de 4.300 parados que existen en San Roque, pero al menos es una ayuda que podemos brindar desde el Ayuntamiento”, finalizó.

Además, “en los últimos meses -continuó- el Ayuntamiento ha dado respuestas puntuales a muchas familias necesitadas de San Roque. En octubre finalizó el plan de empleo que a través de los trabajos de temporada de Emadesa se puso en marcha y ha permitido que 44 sanroqueños tengan un contrato durante seis meses. Ahora hemos contratado a estas 60 personas y así vamos a aliviar las necesidades de algunas familias”.

Para la contratación de estas 60 personas se ha utilizado la lista elaborada por Bienestar Social para el “Plan de Ayuda a la Contratación” de la Junta de Andalucía, al que se presentaron 472 solicitudes, de las cuales, 266 fueron admitidas provisionalmente, y 207 quedaron excluidas. La Delegación Municipal de Bienestar Social, en base a los criterios fijados por la Junta de Andalucía, se encargó de la selección de los beneficiarios finales.

En el momento de la presentación de la solicitud en el Ayuntamiento para acogerse a este Programa debían estar en situación de demandante de empleo durante un período igual o superior a doce de los últimos dieciocho meses.

Se exigía también la pertenencia a una unidad familiar donde todos sus miembros tengan residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estén empadronados en el mismo domicilio y que el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar sea inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (798,77 euros mensuales).

Además, debían formar parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante Informe Social de los Servicios Sociales Comunitarios.